La Feria de Reyes de Gran Via tiene vigilantes ilegales

Un tramo de la Gran Via de Barcelona, entre las calles Muntaner y Rocafort, se ha convertido estos días en uno de los espacios más concurridos de la ciudad. A las puertas de la Navidad, miles de personas recorren a diario la histórica Fira de Sant Tomàs i Reis (18 de diciembre - 6 de enero) a la búsqueda de los últimos regalos.

Al finalizar la jornada, las casetas echan el cierre y los vigilantes de seguridad privada son los únicos habitantes de este centro comercial al aire libre. ADN Sindical denuncia la "intromisión laboral" de una de estas empresas, RMF Services, que no está homologada como empresa de seguridad.

Los tenderos terminan la jornada laboral a las 21.00 horas para regresar a sus casas antes del inicio del toque de queda (22.00 horas). Durante toda la noche, hasta las 09.00 horas, una docena de empleados de tres empresas vigilan las casetas. Este sindicato de la seguridad privada ha presentado una denuncia al Departamento de Interior contra la citada compañía –a la que pertenecen 9 de los 12 vigilantes–por un supuesto caso de intrusismo.

INSPECCIÓN DE MOSSOS

Interior respondió hace dos semanas que iniciarían los "trámites oportunos" para comprobarlo. El lunes por la noche, la Generalitat materializaba este compromiso con una inspección de los Mossos d'Esquadra . Agentes de la URPA (Unidad Regional de la Policía Administrativa) identificaron a miembros de esta empresa. 

Fuentes del sector de la seguridad, conocedoras de la organización de este tipo de ferias, coinciden con ADN Sindical e insisten en que la empresa no figura en el listado de empresas de seguridad privada del Departamento de Interior, por lo que no está autorizada a efectuar vigilancias. Una rápida comprobación en la web de la Generalitat  lo avala.

FUNCIONES DE CONTROL DE ACCESO

RMF Services argumenta que su trabajo nocturno se limita al "control de acceso", en ningún caso de vigilancia. Sus empleados, señalan desde la empresa, "verifican que las personas que accedan a las casetas figuran en la lista".  En su página web, la empresa se define como "especialista en control de acceso, servicios auxiliares y gestión de desokupación". Explican que en todos los tramos de la feria hay vigilantes, una afirmación que desmiente ADN Sindical, quien sostiene que los trabajadores de RMF Services ocupan un gran tramo en exclusiva del mercado.

Las críticas por el supuesto intrusismo salpican también a la Feria de Navidad de la Sagrada Familia, que terminó el 18 de diciembre. Este sindicato critica que ha denunciado la actividad de estas empresas todas las navidades desde 2018 sin obtener una respuesta de la policía o de la administración que ataje el problema.

El Ayuntamiento de Barcelona, que conoce la situación desde el 8 de noviembre, atenderá las quejas de la organización de los trabajadores el 12 de enero con una reunión con Maite Casado, la segunda al mando de la Seguridad de Barcelona. "El Ayuntamiento no está encima. Ellos dan permiso, deberían supervisar. La Guardia Urbana también tiene policía administrativa", expresa el sindicato.

PRECIO ECONÓMICO

"Les sale mucho más barato. Cobran unas ocho euros la hora IVA incluido cuando el resto de las empresas cobran entre 13 y 14 euros", critican desde una empresa de vigilancia, en alusión a los asociaciones de feriantes, las encargadas de contratar a este personal. "Nos revientan los precios", se quejan.

Hace unos años, las otra dos empresas de vigilancia tenían muchos más vigilantes contratados, una cifra que ha ido cayendo a favor de otras empresas no homologadas, vulnerando con ello la Ley  5/2014, de 4 de abril de seguridad privada. El sindicato también señala que la empresa no da de alta en la Seguridad Social a tiempo a sus trabajadores.

"Lo que están haciendo es ilegal. Están vigilando la protección de bienes", afirma ADN Sindical. Sin embargo, RMF Services indica que su actividad está amparada por al Procicat, el plan de emergencias de la Generalitat, "que exige que haya este tipo de control". La empresa defiende que en las reuniones habituales con la policía no les han trasladado nada en este sentido.

Detenido por destrozar el coche de una vigilante de seguridad

El vehículo que sufrió daños es propiedad de la empleada de un establecimiento de alimentación, con quien el detenido había tenido un juicio esa misma mañana

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Puerto del Rosario a un hombre de 39 años de edad, sin antecedentes policiales, como presunto autor de un delito de daños en un parking.

El detenido provocó numerosos daños en el vehículo de una vigilante de seguridad, empleada de un establecimiento de alimentación de la capital majorera, con quien había tenido un juicio esa misma mañana.

Los hechos se desencadenaron tras la llamada al teléfono 091 de una vigilante de seguridad, empleada en un establecimiento de alimentación de Puerto del Rosario, comunicando que acababa de observar a un individuo rayar su vehículo, provocándole numerosos daños en puertas y aletas.

La mujer narró a los funcionarios policiales que se trataba del mismo individuo con quien había tenido un juicio esa misma mañana y que se trataba de una venganza.

El presunto autor de los hechos, que reconoció de manera espontánea ante los agentes todos los hechos descritos por la denunciante, fue finalmente detenido por un delito de daños.

Instruido el correspondiente atestado policial, el detenido fue puesto a disposición de la Autoridad Judicial competente.

La intervención policial fue llevada a cabo por agentes de la Comisaría de Puerto del Rosario.

Los auxiliares de seguridad del Aeropuerto protestan por el cambio de empresa

Los afectados aseguran que se han quedado en una especie de «limbo laboral», sin trabajo ni paro, mientras que la nueva concesionaria esgrime que no está obligada a contratarlos

Los auxiliares de seguridad que trabajaban hasta noviembre en el Aeropuerto de Málaga se han concentrado esta mañana junto a la entrada a la terminal T3 para protestar por la situación en la que se han quedado, una especie de «limbo laboral», sin contrato ni trabajo ni el despido para poder solicitar el paro.

Estos 56 profesionales están pendientes de la subrogación por la nueva subcontrata que se ha hecho cargo de estas labores o, en su defecto, del despido para poder solicitar el paro. «Estamos estancados, el único avance es negativo, una de las compañeras ha solicitado ya el desempleo y se le ha denegado», explica Salvador Romero, presidente del comité de empresa de los auxiliares del Aeropuerto y miembro de la asociación Avam.

«Hemos interpuesto un conflicto colectivo para intentar un acercamiento con Grupo Sureste y demandas individuales a las empresas saliente y entrante por la pérdida de empleo involuntaria, se han saltado todas las leyes, juegan con el hecho de que no tenemos convenio, pero vamos a luchar hasta el final». El líder sindical critica que la mayoría son familias que se ven ahora «sin desempleo ni trabajo, no tenemos nada, muchas familias ya están teniendo problemas económicos».

En cambio, la nueva empresa encargada de la seguridad en las terminales tras ganar el concurso convocado por Aena, Grupo Sureste, salió al paso de las denuncias de los trabajdores de la anterior contrata. Un portavoz de la compañía explicó que la obligación legal era la de subrogar a los vigilantes de seguridad, que son 303 en el caso de Málaga, y ya se les ha contratado. «Pero en el ámbito de los auxiliares en Andalucía no se tienen por qué subrogar, por lo que siguen formando parte de la anterior contrata (ITS), su nómina y futuro laboral siguen estando en esa empresa».

Las mismas fuentes añadieron que la nueva concesionaria tiene sus propios auxiliares contratados y formados, que ya están prestando su servicio en este recinto. «A los anteriores los tiene que reubicar la empresa que los tiene en nómina, que es la que les tiene que decir si siguen o no, con sus derechos laborales, y les puede ofrecer alternativas, pero en ningún caso dependen de Grupo Sureste».

Canarias recluta a cientos de vigilantes de seguridad para controlar la llegada de inmigrantes

La gran cantidad de ofertas coincide con la enorme afluencia de pateras al archipiélago a lo largo de los últimos meses.

A lo largo de las últimas semanas, distintas instituciones públicas y privadas de las Islas Canarias están lanzando procesos para contratar vigilantes de seguridad. Muchas de esas instituciones llevan días publicando anuncios para reclutar esta clase de perfiles en numerosos espacios virtuales.

El Instituto Canario de la Mujer, el propio Gobierno de Canarias, empresas como Securitas Direct, Prosegur o el grupo Adecco... En las ofertas que van publicando reclaman personal con requisitos muy determinados y con funciones muy concretas: profesionales que puedan servir para realizar rondas, tareas de vigilancia a nivel general, control de accesos...

El único requerimiento para optar al puesto es el de estar en posesión de la Tarjeta de Identidad Profesional de Vigilante de Seguridad, un certificado expedido por la Policía Nacional que acredita que su poseedor está cualificado y convenientemente habilitado para la tarea de convertirse en en vigilante de seguridad en todo el territorio. 

Esta gran cantidad de peticiones para cubrir tantos puestos de trabajo coincide con la llegada a las islas a lo largo de los dos últimos meses de decenas de miles de inmigrantes que han arribado en patera o cayuco tras cruzar, desde África, las aguas del Atlántico.

Descoordinación e inseguridad 

Las Islas Canarias han vivido en los últimos meses la peor crisis migratoria de la última década. La anterior avalancha, en 2006, cuando llegaron a sus costas más de 31.000 inmigrantes, se quedará pequeña a poco que continúe la actual tendencia. 

Durante el mes de octubre desembarcaron 5.328 personas. Una media de 171 al día. En noviembre, una cifra récord de 8.157: ni en la crisis de los cayucos de hace 14 años había llegado tanta gente en un solo mes. Hasta pasado 30 de noviembre, las cifras oficiales calculan en 19.566 los inmigrantes que fueron rescatados o desembarcaron en patera en las costas canarias.

El sindicato SUP de Policía Nacional y la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ya dieron la voz de alarma en un comunicado conjunto. Ambas entidades denunciaron la "descoordinación ministerial" que se ha vivido a lo largo de los últimos meses.

También Jupol, sindicato mayoritario de la policía, e Independientes por la Guardia Civil (IGC) levantaron la voz de alarma por lo sobrepasados que están sus asociados desde hace meses.

Según sus dirigentes, las autoridades políticas del Ministerio del Interior han tenido tiempo para tomar medidas. Pero al final todo ha desembocado en una emergencia humanitaria en la que más de 20.000 personas han saturado a los agentes, y a los servicios sociales del Ejecutivo autonómico tras haber alcanzado costas canarias en lo que va de año.

Ofertas en todas las islas

El Ministerio del Interior publicó hace casi dos semanas su último informe quincenal sobre inmigración irregular. En él se exhibía que entre octubre y noviembre habían arribado a las costas canarias el 69% (13.485) de todos los que alcanzaron las islas durante este año 2020. Un pico que hizo colapsar el muelle del puerto de Arguineguín (Gran Canaria) y que forzó a la habilitación de siete campamentos provisionales, con la vocación de convertirse en centros con 7.000 plazas estables para el internamiento de migrantes.

Esa situación, apuntan fuentes conocedoras de la situación y del sector de la seguridad privada en las islas, ha propiciado la intención de contratar vigilantes en diversas instituciones y empresas privadas. Los llamamientos para contratar nuevos vigilantes llegan desde todas las islas. Desde Santa Cruz de Tenerife, el sur de Fuerteventura, y por supuesto desde Gran Canaria.

Hay hasta ofertas de empleo para controlar y vigilar tiendas de informática en las que se valora de manera muy positiva la experiencia en el sector de vigilancia de tiendas. También es indispensable, advierte alguna de las ofertas, tener buena presencia física.

"Se necesitan 20 vigilantes de incorporación inmediata para trabajar en toda la provincia", reza uno de los anuncios. Se ofrecen desde 1.200 hasta 2.100 euros al mes de sueldo por ese puesto. Y así hasta varias decenas de ofertas localizadas en las últimas jornadas por internet.

Urgen al Gobierno a poner vigilantes de seguridad en todos los Juzgados Únicos

Los escritos analizados por la Sala han coincidido en que se establezca un servicio de vigilancia en las sedes de aquellos partidos judiciales que cuentan con un único Juzgado de Primera Instancia e Instrucción

El hombre detenido por agredir supuestamente a la jueza titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Santa María la Real de Nieva (Segovia), es conducido por agentes de la Guardia Civil, a declarar al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción, número 5, de la capital

La Sala de Gobierno del TSJ de Castilla y León, en su última reunión celebrada esta semana, ha reclamado al Ministerio de Justicia, vigilantes de seguridad en los juzgados después de analizar una serie de informes recibidos respecto a la situación de inseguridad de los partidos únicos -especialmente del documento elaborado por el presidente de la Audiencia Provincial de Segovia-.La petición formal se produce un mes después del ataque sufrido el pasado 1 de diciembre por la magistrada Sonsoles Sanchidrián Velayos en Segovia.

El alto tribunal de Castilla y León ha recordado al Ministerio de Justicia que tiene encomendada la custodia de las sedes judiciales y de las personas, y le ha requerido para que contrate a los vigilantes de seguridad necesarios para cumplir con su obligación. Los escritos analizados por la Sala han coincidido en que se establezca un servicio de vigilancia en las sedes de aquellos partidos judiciales que cuentan con un único Juzgado de Primera Instancia e Instrucción. De manera significativa, se ha tenido en cuenta el informe remitido sobre el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Santa María la Real de Nieva (Segovia),

La Sala ha resaltado que en los últimos años ha elaborado expedientes gubernativos por alteraciones del orden público en sedes judiciales y ha dictado acuerdos en los que solicitaba proteger dichos edificios. En concreto, había advertido del peligro que suponía que Juzgados situados en núcleos rurales y ajenos a cualquier tipo de medida de protección no tuviesen el auxilio de vigilantes de seguridad.

"La situación más hiriente", señala la Sala, "se produjo hace tan sólo unos días en la sede judicial de Santa María la Real de Nieva. Al concluir su jornada, la juez titular fue objeto de una agresión por parte de un litigante al que había sido notificada el día anterior una resolución dictada por ella. El atentado se produjo en las inmediaciones de la sede y continuó en el interior de la misma, en la que la juez trató de refugiarse. Las heridas por arma blanca de carácter grave determinaron su ingreso en un centro hospitalario durante once días, un hecho que según el Tribunal “pudo haberse evitado de existir la reclamada medida”.

Como consecuencia de estos lamentables hechos, la Gerencia Territorial adscribió al día siguiente del suceso a un vigilante privado para dar cobertura a la necesidad de seguridad por un periodo de veinte días. Sin embargo, justo un día después recibió la orden expresa por parte del Ministerio de Justicia para que anulase dicha medida. Desgraciadamente, este caso no ha sido el primero. Como antes se indicaba, en los últimos años han acaecido situaciones similares en distintos partidos judiciales de la comunidad (Sepúlveda, Vitigudino, Villablino, Puebla de Sanabria, Almazán o Briviesca) que “hacían presagiar un hecho de las dimensiones sufridas en Santa María la Real de Nieva”.

Segovia, la más desprotegida

La Sala ha resaltado además que, en las ciudades en las que la dispersión de sedes es “una triste realidad” -Segovia es una buena muestra de ello-, existen Juzgados en los que tampoco hay medida de seguridad alguna. Se trata del Juzgado de Menores, del Contencioso-Administrativo, del Social, de los Penales y del Primera Instancia e Instrucción 5, situados en locales distintos y alejados del Palacio de Justicia. Todos se encuentran en la misma situación de precariedad y son susceptibles de sufrir hechos similares a los ocurridos en Santa María ya que resultan insuficientes las contadas medidas adoptadas en alguno de ellos como la instalación de circuitos cerrados de televisión con videograbadores, monitores y cámaras.

El Ayuntamiento de Cieza contratará seguridad privada para controlar los 'tardeos' de Navidad

No habrá cabalgata de reyes en la localidad pero Sus Majestades acamparán en el Maripinar del 2 al 5 de enero para que los niños puedan verlos

El Ayuntamiento de Cieza va a contratar vigilantes de seguridad privada para complementar la labor de la Policía Local del municipio durante los controles de los principales 'tardeos' de las próximas fiestas navideñas. Fundamentalmente, estos vigilantes realizarán estas tareas durante los días de Nochebuena y Nochevieja y también durante los dos fines de semana de estas fiestas.

El alcalde de Cieza, Pascual Lucas, confirmó que planteó esta posibilidad a las fuerzas del orden que operan en el municipio, Policía Local y Guardia Civil, durante la reunión de coordinación del Covid-19 que tuvo lugar este miércoles. «Advertimos a los agentes que se debe ser muy beligerante para evitar conductas indeseadas que nos lleven a situaciones que luego tengamos que lamentar», señaló el alcalde.

En los próximos días, representantes municipales se reunirán con el sector hostelero para comunicar todo el protocolo y para insistir en la necesidad de que desde el propio establecimiento «se nombre a un responsable Covid que debe advertir a sus clientes para que cumplan con las normas establecidas».

El alcalde hizo este anuncio durante la presentación de los actos para estas próximas navidades. La principal novedad para este año es la habilitación de un tren con capacidad para 35 personas que recorrerá las principales calles de Cieza para visualizar la iluminación navideña. Será los días 25, 26 y 27 de diciembre y 1, 2, 3, 4, y 5 de enero y Partirá desde la Esquina del Convento.

En cuanto a los belenes, son tres los que ya se están instalando y que estarán abiertos desde este sábado y hasta el 5 de enero. El belén municipal se encuentra en el Museo de Siyâsa, el nacimiento de la Asociación Cultural Los Dormis está en el 'hall' del teatro Capitol y el belén móvil del Monasterio de las Clarisas se ubicará en la Iglesia de las Hermanas Clarisas de la calle Mesones.

Otras actividades navideñas serán el 'Show de la pandilla de Drilo' el 27 de diciembre en el auditorio Gabriel Celaya o los actos relacionados con la Cabalgata de Reyes de este año, que se sustituirá por diferentes actividades, organizadas por la OJE de Cieza, entre la que destaca la acampada que Sus Majestades protagonizarán en el Complejo Juvenil Catafrente de El Maripinar los días 2,3, 4 y 5 de enero. Allí recibirán a los más pequeños hasta un máximo de 35 niños por hora. Podrán desplazarse a este lugar en un trenecillo que la OJE va a habilitar para tal fin.

Por último, el Ayuntamiento ha preparado el I Concurso de decoración navideña 'Rincones navideños' en el que se puede participar en dos modalidades con premios en metálico. También se celebrará el concurso online de cultura general «Quiz Navideño» para ganar premios y canjearlos en los comercios de Cieza.

La Guardia Civil pide a los vigilantes privados que estén atentos a indicios de radicalización yihadista en sus compañeros

 Les apunta algunos aspectos a tener en cuenta: si revelan mucho interés por los comienzos del Islam, si abandonan amistades, si muestran una “agresividad verbal o física ilógica”...

La Guardia Civil pide atención especial en el entorno laboral para descubrir ‘indicios de radicalización’. El cuerpo ha difundido un documento en el que avisa a la seguridad privada el nivel de alerta en que el país se encuentra: en el nivel 4 en una escala del 1 al 5. 

Esta circular se ha enviado a empresas de seguridad privada con el fin de recordar los protocolos para proteger lugares donde se producen aglomeraciones como centros comerciales.

En el documento proporcionan algunos de ellos a los que el personal de seguridad privada deberá prestar especial atención. Respecto al comportamiento individual, serán merecedoras de especial atención aquellas personas que presenten cambios de comportamientos familiares, retraimiento y polarización, interés marcado por lo relacionado con los comienzos del islam y sea agresivo verbal o físicamente de forma ilógica.

Por otra parte, piden especial atención a comportamientos colectivos de aislamiento, de actividades deportivas para mejorar el estado físico, actividades de intercambio de propaganda, especialmente online, y a quienes pongan en práctica medidas de seguridad. Desde el punto de vista de la seguridad, la Guardia Civil lo resume como una atención especial a lo discordante, lo impropio y al cambio total de conducta.

Según el documento, al que ECD ha tenido acceso, para incorporar las capacidades de las empresas de la seguridad privada al reforzamiento de las medidas de seguridad, es necesario que estas refuercen los servicios, procedimientos y medidas de colaboración de acuerdo con los objetivos establecidos por la Guardia Civil. Entre estos está la intensificación de medidas previstas sobre prevención y protección antiterrorista en centros comerciales e intercambiadores de transporte.

También se prevé reforzar dispositivos operativos y las medidas preventivas, de vigilancia y respuesta antiterrorista, así como controles aleatorios de vehículos y personas en todos aquellos lugares de alta concentración de personas.

Reacción del personal ante un ataque

España continúa en nivel alto de alerta antiterrorista. La celebración navideña representa una ocasión propicia para acciones terroristas por lo que es necesario reforzar las actuales medidas de prevención, protección y respuesta ante la amenaza.

En caso de ataque terrorista, la Guardia Civil recuerda al personal de seguridad privada que deben verificar de forma fehaciente los hechos, así como activar los protocolos de evacuación o aislamiento de civiles priorizando la ‘seguridad de las personas’. Además, deberán cooperar y seguir las instrucciones que impartan los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, a quienes facilitarán acceso a la sala de control para que obtenga información como los planos del inmueble y otros detalles de interés como puntos sensibles. Desde dicha sala el mando de los agentes coordinará las actuaciones.

La especial intensificación de estas medidas será de aplicación en todo el territorio nacional; entró en vigor el 15 de diciembre y se extenderá hasta las 14:00 horas del próximo día 9 de enero.

Un botellón en Zaragoza acaba con un vigilante agredido tras recriminarles que no usaran mascarillas

Un vigilante de seguridad del residencial Hernán Cortés de Zaragoza fue agredido en la plaza de Mariano Arregui Canela la noche del pasado sábado 5 de diciembre por un joven que se encontraba en las inmediaciones haciendo botellón junto a un grupo de unas catorce personas.

Según pudo conocer esta redacción, el vigilante se dirigió a los jóvenes, con edades comprendidas entre los 20 y los 25 años, para advertirles de que no se podía hacer botellón y que debían llevar la mascarilla puesta. La mayoría abandonó el lugar pero cuatro de ellos se dirigieron a él. Uno de ellos le agredió y le propinó varios puñetazos.

La víctima interpuso una denuncia ante la Policía Nacional, tal y como aseguran desde la comunidad de vecinos, y actualmente se encuentra de baja laboral, ya que al reducir al agresor, sufrió un golpe que le provocó la rotura de un gemelo. Según explican, los responsables fueron identificados por la Policía Local en la calle Doctor Cerrada, ya que la Nacional le comunicó al agredido que no tenían efectivos en ese momento.

Sin embargo, los cuatro jóvenes volvieron al lugar de los hechos para buscarle. Un vecino les escuchó desde su casa diciendo «¿dónde estás, rata?», y llamó seguidamente a la Policía.

«Esta plaza a veces es conflictiva», lamenta el presidente de la comunidad, ya que ya son dos las agresiones a vigilantes y numerosas las amenazas, incluso de muerte. Varios vecinos desconocían el suceso, pero aseguraron que son constantes los botellones y la presencia policial en las cercanías a la biblioteca de Aragón por la noche. Debido a los numerosos incidentes, la comunidad ha decidido reforzar en determinadas horas la presencia de vigilantes de seguridad, con más de un efectivo.

Osuna contrata seguridad privada para suplir las «extrañas» bajas de los agentes de la Policía Local

«Desde el Ayuntamiento no estamos dispuestos a ceder ante este continuo chantaje del sindicato», explica el delegado municipal de Seguridad

La Delegación municipal de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Osuna ha comunicado que, ante las «constantes y reiterativas» bajas médicas de algunos de los agentes de la plantilla de la Policía Local de Osuna, las cuales, «de forma extraña y llamativa, coinciden en el mismo período de tiempo», el Ayuntamiento se ve obligado a contratar seguridad privada para velar y reforzar la seguridad de todos los vecinos y vecinas de la localidad para estas fiestas navideñas.

Por otra parte, y según un comunicado de prensa emitido este miércoles, el Ayuntamiento de Osuna ha podido comprobar que, durante las citadas bajas, «dichos agentes han realizado actividades no compatibles con las mismas», circunstancia esta ante la cual el Consistorio ha actuado de la manera que se debe proceder, «al ser impropias, irresponsables y de dudosa legalidad».

En este sentido, el Ayuntamiento ursaonense ha informado que más del 20% de la plantilla de la Policía Local de Osuna se encuentra de baja médica, «provocando una vez más, como en ocasiones anteriores ya ha sucedido», un descuadre importante en los turnos, dado que, además esta bajas alternativas provocan que los turnos no dispongan de un mínimo necesario para prestar los servicios requeridos de atención a la población, además «de repercutir de manera muy negativa en el propio bienestar laboral» del resto de la plantilla de efectivos.

Concretamente, en la noche del pasado lunes, 14 de diciembre, estas constantes bajas médicas provocaron que solo un agente en activo pudiera estar disponible para realizar las tareas de vigilancia y patrullaje en el municipio, teniendo que ser el jefe de la Policía Local quien, junto con el agente en activo de turno, asumiesen dicha tarea, además de la Guardia Civil, según informa el citado comunicado.

Ante esta «grave e inexplicable» situación de reiteradas bajas de un número considerable de agentes, el Ayuntamiento de Osuna ha comunicado públicamente que se ve en la necesidad de llevar a cabo la contratación de seguridad privada, como refuerzo necesario para poder cubrir estos servicios y así proporcionar una mayor tranquilidad a los vecinos del municipio.

La contratación de estos servicios privados pone de manifiesto la «predisposición continua» del Ayuntamiento de Osuna para poner todos los recursos necesarios y velar por la seguridad de la población, aunque sea recurriendo a este tipo de seguridad, porque, como ha explicado el delegado municipal de Seguridad Ciudadana, Manuel Rodríguez.

«Desde el Ayuntamiento no estamos dispuestos a ceder ante este continuo chantaje del sindicato de la Policía Local, ni de los agentes que los representan, que actúan olvidando que son servidores públicos», ha explicado el delegado municipal de Seguridad, quien lamenta una vez más «el mal uso en el tratamiento de la información que se viene haciendo a través de las redes sociales por parte de los dirigentes del sindicato, centrado en un único interés, que no es otro de reivindicar mejoras particulares, provocando de forma intencionada desconcierto e información tergiversada y no veraz entre la ciudadanía», comenta Rodríguez.

«El Ayuntamiento de Osuna ha mantenido siempre una postura de diálogo y no de confrontación con la Policía Local, cumpliéndose siempre lo estipulado en el convenio, dado que así fue acordado en su momento por ambas partes, de la misma forma que se procede con el resto de los trabajadores municipales», concluye el comunicado.

La nueva empresa de seguridad del Aeropuerto de Málaga alega que no tiene obligación de subrogar a auxiliares

Grupo Sureste ha contratado a los 303 vigilantes de las terminales, pero cuenta con su propio personal de apoyo

La nueva empresa encargada de la seguridad en el Aeropuerto tras ganar el concurso convocado por Aena, Grupo Sureste, ha salido al paso de las denuncias de CCOO en relación a la situación de «limbo laboral» en la que han quedado 56 auxiliares que prestaban su servicio con la anterior contrata. Un portavoz de la compañía explica que la obligación legal era la de subrogar a los vigilantes de seguridad, que son 303 en las terminales malagueñas, y ya se les ha contratado. «Pero en el ámbito de los auxiliares en Andalucía no se tienen por qué subrogar, por lo que siguen formando parte de la anterior contrata (ITS), por lo que su nómina y futuro laboral siguen estando en esa empresa».

Las mismas fuentes comentan que Grupo Sureste tiene sus propios auxiliares contratados y formados por la empresa, y que ya están prestando su servicio en este recinto. «A los anteriores los tiene que reubicar la empresa que los tiene en nómina, que es la que les tiene que decir si siguen o no, con sus derechos laborales, y les puede ofrecer alternativas, pero en ningún caso dependen de Grupo Sureste».

CCOO denunció ayer que estos auxiliares se han quedado en una especie de «limbo laboral», sin contrato ni trabajo ni el despido para poder solicitar el paro desde noviembre, y aseguró que están pendientes de la subrogación por la nueva subcontrata que se ha hecho cargo de estas labores. El sindicato de construcción y servicios advirtió de que la nueva adjudicataria debía asumir al personal que venía prestando el servicio con la anterior, algo que Grupo Sureste rechaza.

CCOO también criticó que Aena «no actúa de forma responsable para garantizar el mantenimiento del empleo de quienes han prestado el servicio, con diligencia y calidad durante más de siete años». Málaga no es el único caso, puesto que, según el sindicato, el cambio «ha dejado en la cuneta a la plantilla de auxiliares de vigilancia de varios aeropuertos españoles». La formación convocará movilizaciones si esta situación no se resuelve en los próximos días.

Trabajadores de seguridad del Aeropuerto, sin despido ni trabajo tras el cambio de empresa

CCOO denuncia que desde que Aena subcontrató con Grupo Sureste medio centenar de personas se han quedado en un «limbo laboral»

Se han quedado en una especie de «limbo laboral», sin contrato ni trabajo ni el despido para poder solicitar el paro. Son medio centenar de vigilantes del Aeropuerto de Málaga que están pendientes de la subrogación por la nueva subcontrata que se ha hecho cargo de estas labores.

Así lo denuncia el sindicato CCOO, desde donde explican que se trata de profesionales con más de siete años de experiencia en el aeródromo malagueño, que llevan desde el pasado mes de noviembre a la espera de que la nueva empresa designada por Aena para la vigilancia, Grupo Sureste de Seguridad, asuma su contratación.

El sindicato de construcción y servicios de CCOO Málaga ha informado de la situación en la que se encuentran 56 auxiliares del servicio de vigilancia de las terminales, que tras más de siete años prestando servicio «han perdido sus empleos al no haber sido subrogados por la nueva empresa». La central sindical advierte de que, tras los cambios de empresas subcontratadas, la nueva adjudicataria debe asumir al personal que venía prestándolo con la anterior. En este caso, se trata de Grupo Suroeste de Seguridad, que «ha obviado ese deber y no ha subrogado al personal, y cuya profesionalidad y larga experiencia en las instalaciones aeroportuarias no se ha tenido en cuenta».

CCOO denuncia tanto dicho incumplimiento del deber de subrogación, como el hecho de que Aena «no haya actuado de forma responsable garantizando el mantenimiento del empleo de quienes han prestado el servicio, con diligencia y calidad durante más de siete años». Málaga no es el único caso, puesto que, según el sindicato, el cambio «ha dejado en la cuneta a la plantilla de auxiliares de vigilancia de varios aeropuertos españoles». La formación convocará movilizaciones si esta situación no se resuelve en los próximos días.

denuncian que Sureste prescindirá de personal en el aeropuerto

UGT y USO han denunciado en un comunicado que la nueva adjudicataria de los servicios de seguridad y servicios auxiliares del aeropuerto de Manises, Sureste, no continuará la relación laboral con el personal al completo, unos 30 trabajadores.,Esta situación pone en peligro la continuidad en sus puestos de trabajo de una treintena de trabajadores entre auxiliares de servicios y vigilantes de seguridad dado el bajo precio de la licitación, según han indicado en un comunica

UGT y USO han denunciado en un comunicado que la nueva adjudicataria de los servicios de seguridad y servicios auxiliares del aeropuerto de Manises, Sureste, no continuará la relación laboral con el personal al completo, unos 30 trabajadores.

Esta situación pone en peligro la continuidad en sus puestos de trabajo de una treintena de trabajadores entre auxiliares de servicios y vigilantes de seguridad dado el bajo precio de la licitación, según han indicado en un comunicado conjunto, en el que informan de que han pedido una reunión con la dirección de AENA por este motivo.

Esos trabajadores trabajan desde hace años en las instalaciones aeroportuarias y provienen de Sagital y Segurisa, y de ellos la mitad está en ERTE.

Denuncian que la adjudicación de un servicio de estas características, y ante la falta de cláusulas legales que regulen una subrogación que obligue a las nuevas empresas a mantener el empleo tras ser adjudicatarios del servicio, deja sin trabajo en la provincia de Valencia a alrededor de 30 auxiliares de servicios.

AENA no regula como otras administraciones públicas la obligatoriedad de que una nueva empresa adjudicataria de servicios adquiera a la totalidad de la plantilla que los venía prestando, independientemente del trabajo que realicen y de si el convenio lo regula o no.

Estos puestos de trabajo no han desaparecido, ya que la actividad continúa con el mismo número de operarios y Sureste ha tenido que recurrir a contratar auxiliares que entran con salarios más bajos, sin experiencia ni formación.

Anuncian que van a convocar concentraciones y movilizaciones en protesta por esta situación, y advierten de que desde el inicio de la prestación de los servicios de seguridad de la actual empresa de seguridad, el 9 de diciembre, "han sido múltiples los problemas que han acontecido en la prestación de los servicios de control, vigilancia y seguridad".