El pleito nace de una investigación policial a raíz de una denuncia presentada por la Federación de Trabajadores de la Seguridad Privada de la Unión Sindical Obrera (FTSP-USO). La Justicia autorizó la intervención de las llamadas de Carlos Somoza y el personal de la compañía.
Los investigadores sospechaban inicialmente que se había manipulado el libro de armas pero después centraron sus conjeturas al libro de catálogo de instalación y revisiones. Tras las escuchas, la policía concluyó que podría haber falsedad documental de un documento mercantil o privado e, incluso, en un documento público.
TESTIMONIO CLAVE
Uno de los testimonios clave fue el de un exempleado, que fue encargado de la instalación y revisión de los sistemas de alarmas. En su declaración confirmó la existencia de los libros de revisión y mantenimiento –en torno a una veintena– y que estos pertenecían a cada una de las obras realizadas, sobre las que se procedía a hacer una revisión una vez al año y cuyos resultados de la misma figuraban en esos libros.
Unos libros a los que, según aseguró, tenía pleno acceso y que consultaba al menos una vez al año en el momento de las revisiones obligatorias que establece la ley. Del mismo modo, también la Guardia Civil consultaba estos documentos de forma anual.
A lo largo de su testimonio confirmó que era él el que realizaba las inspecciones, firmaba y sellaba los libros y que no era posible que alguno de estos quedase sin firmar. De igual manera, negó que Alcor le negase acudir a algún lugar para realizar inspecciones.
“CONTRADICCIONES”
En el interrogatorio, la acusación inquirió al técnico si alguna vez había recibido presiones para firmar o sellar los libros de instalaciones que él no había revisado, cosa que negó. Esto choca en aparencia con una de las escuchas policiales interceptadas a Somoza con otro empleado, al que pide que haga una "firma parecida":
Somoza: -¿A qué nombre pone el técnico?
Empleado: -A nombre de ******.
Somoza: -Pues haz la letra como ****** y pones *****. ¿Vale?
Empleado: -Vale.
Somoza: -Haz la firma parecida.
Por esta conversación el exempleado dijo que podría tratarse de una persona en prácticas “practicando en unas fotocopias” la que firmase los libros y que cuando Somoza pide “que haga la firma parecida” se refiere al lugar de la misma y no a la similitud con la firma del empleado para hacerla pasar por la suya. De igual manera, en su testimonió recalcó que nunca permitiría que nadie firmase en su nombre y que “no es posible” que nadie firmase en el libro en algún espacio “en el que no hubiese puesto ya su firma”. Con todo, de las conversaciones se desprende que otra persona en prácticas podía tener acceso a los libros, circunstancia confirmada por el principal testigo.
CONCLUSIÓN DEL JUEZ
El juez concluye que "no existe una falsedad documental penalmente sancionable ya que para que ello ocurra sería necesario que la falsedad tratara de ocultar un hecho que realmente no tuvo lugar". "El empleado que estaba encargado de estampar esas firmas asegura que no es posible que una revisión hecha por él no constara firmada por él mismo y no establecía como posible que alguna de las revisiones anuales que él estaba obligado a hacer no se hiciera y fuera necesario, a posteriori, salvar dicha omisión", señala.
En el auto de sobreseimiento se hace hincapié en el contenido de las escuchas telefónicas y que si se encuentran los libros de catálogo presuntamente manipulados "podríamos comprobar si hay alguna firma del Sr. **** en las fechas en cuestión y posteriormente con un informe caligráfico podría demostrarse la falsedad que se imputa".
Con todo, el juez considera que "esa diligencia resultaría inocua", ya que a pesar de ello "no nos permitirá conocer si la revisión en esas fechas se llevó a cabo o no, lo que, por lo ya dicho, resultaría esencial y, sin embargo, debemos tomar como punto de partida que el Sr. asegura que las revisiones se hicieron y no admite posibilidad de que no se hicieran y fueran posteriormente subsanadas". Por todo ello, se decretó el "sobreseimiento provisional" del caso.
VARIOS PROCESOS ABIERTOS
Este no es el primer proceso abierto contra Carlos Somoza relacionado con la gestión de Alcor, sino que esta es solo una de las cinco piezas separadas judicialmente a raíz de la ‘Operación Muro’, que provocó la detención del empresario en 2015. En su día desde la FTSP-USO señalaron que “Alcor es una empresa investigada por presuntos delitos de fraude fiscal, contra los trabajadores etc., causas diligenciadas por el Juzgado número 2 de Monforte de Lemos”. Varias acusaciones procedentes de aquella operación -incluídas las de tráfico de influencias- han sido archivadas por falta de pruebas.
SOMOZA ESTÁ "TRANQUILO"
Galiciapress tuvo la oportunidad de charlar con el investigado, Carlos Somoza, que, además de ofrecer su puesto de vista, en primer lugar, transmitió su “tranquilidad” ante los procesos abiertos. De igual manera, Somoza recalcó que Alcor Seguridad no se encuentra sumida en este proceso judicial, en donde únicamente se investiga al exgerente en estos momentos, aunque sí la empresa figuraba en su momento como investigada en la causa principal.
“Hubo cinco piezas separadas: una por alzamiento de bienes que fue archivada, otra por revelación de secretos también archivada, otra por tráfico de influencias, que también fue archivada, y otra por fraude a la Seguridad Social en donde nos absolvieron. Y en esta última por un tema de falsificación de documento privado, que fue la más tardía y como las demás quedó archivada”, relata Somoza. “Hasta ahora, han sido todas archivadas salvo un juicio que se celebró”, recalca el investigado, que sin embargo sigue pendiente de las peticiones de recurso de los denunciantes.
Con todo, tal y como narra, todavía queda la pieza principal del ‘Caso Muro’, en donde “Hacienda dijo que no existía delito e hizo un informe en donde dice que podía haber pequeñas irregularidades pero que nunca llegaban a delito, así como los cursos donde también se dijo que no había delito”. “Se habían hecho los cursos, y para haber un delito había que defraudar 50.000 euros al año, pero el informe dice que la empresa había cobrado menos de 50.000 euros en cuatro años”, expone.
“Todos los archivos la FTSP-USO los ha recurrido por sistema y todos se los han archivado. No se ha falsificado nada”
Preguntado por la posibilidad de que se reabran algunos de los casos, algo que ya ha ocurrido, y por cómo las escuchas podían probar la manipulación de los libros de catálogo de instalación y revisión, Somoza volvió a subrayar que está “muy tranquilo”. “Todos los archivos la FTSP-USO los ha recurrido por sistema y todos se los han archivado. No se ha falsificado nada”.
UNA “PENA DE TELEDIARIO”
“Durante cinco años estamos con esta pena de telediario, que es lo que quiere el sindicato, y desprestigiar a una empresa por haber hecho un convenio”, reprocha. Un convenio que “no lo inventó el señor Somoza a las cinco de la mañana, sino que durante año y medio estuve negociando con los trabajadores cuando la crisis era muy grande, y por el que gracias a ese convenio están viviendo 600 personas”.
Sobre el convenio firmado por Alcor, que se encuentra fuera del convenio laboral y por el que algunos sindicatos tachan a la empresa de “low cost” o directamente de “pirata”, Somoza insiste en que “se ha negociado y se ha vuelto a negociar”. “El primero fue a la Audiencia y se ganó el juicio; el segundo fue al Supremo y se ganó el juicio, y esto es algo que no asumen ciertos sindicatos que están cobrando liberaados, que le pagan las asociaciones de las empresas de seguridad para hacer ruido con estos casos”.
Del mismo modo, Somoza denuncia una persecución por parte de algunos sindicatos para “hundir” a Alcor Seguridad: “En nuestro sector, si un sindicato tiene un número X de delegados, tiene derecho a tener tantos liberados o tantas horas sindicales, pues estos señores lo que hacen con las empresas grandes es que en vez de darles diez les dan 30 o 40 para que no les den la lata a ellos y hundan a las empresas medianas o pequeñas como la nuestra”.
CONCURSOS PÚBLICOS Y CONTRATOS PRIVADOS
Con todo, y preguntado sobre la posibilidad de adherirse al convenio del sector, Somoza explica que sí están adheridos en la medida en que los concursos públicos obligan a pagar al convenio del sector. “Nosotros, como una empresa más, tenemos que pagar según el convenio del sector en esos servicios que te lo están exigiendo”, admite.
“Después está el mundo privado que no te exige eso, que mira un poco más el servicio, la calidad y el precio, que es donde está gente contratada con el convenio de Alcor, en función del servicio que sea. Pero esta empresa ha firmado con cuatro sindicatos un último convenio al que le quedan cuatro años, que tuvo sus negociaciones con gente procedente de Asturias, Canarias, Madrid, -Barcelona…”, detalla.
Es cierto que con nuestro convenio un vigilante cobra un poco menos, un 8% menos, pero gracias a eso podemos dar empleo a mucha gente.
“¿Qué sucede? Es cierto que con nuestro convenio un vigilante cobra un poco menos, un 8% menos, pero gracias a eso podemos dar empleo a mucha gente”, explica Somoza. En ese sentido, ejemplifica esto con los servicios prestados en espacios como túneles, carreteras o canteras, espacios que nos son ajenos a Alcor, ya que “el 50% de nuestra plantilla se dedica a esto”. “Pues que mala suerte que sacan un polvorín autoprotegido que no necesita vigilancia. Pues en Ourense con eso se hubiesen ido 300 personas a la calle. Nosotros hemos convencido a la gente y a los clientes y hemos explicado, incluso junto a algún sindicato cuánto cuesta el polvorín y cuanto la seguridad, y más o menos venía a ser lo mismo para un servicio de 2-3 años. Pues el convenio ha permitido que toda esa gente en polvorines del País Vasco, Almería, Ourense… que sigan prestando seguridad y no se monten polvorines autoprotegidos”, refiere Somoza.
CALIDAD Y SUELOS MÁS BAJOS
Sin embargo, en cuanto a la calidad de los servicios prestados, puesta en tela de juicio desde los organismos sindicales, Somoza indica primeramente que los vigilantes “vienen aprobados, hasta hace poco, por el Ministerio del Interior, que los examina”, por lo que esa calidad “física o personal” es la que marca el Gobierno de España. “Luego lo que podemos hacer es instruirlos cada año, darles cursos como es obligatorio…”, argumenta.
“Al vigilante de la Diputación o del hospital, cuando se hizo el convenio, le afectaba nuestro convenio, pero ahora ya no, porque a los vigilantes de ‘Calidad 1’ hay que pagarles un 8% o un 10%, pero los que están en las obras sí cobra un poco menos. Pero la calidad del servicio es la misma”, insiste.
Por otro lado, Somoza aprovechó para reprochar la actitud de algunos sindicatos, a los que señaló de “venderse” por cuestiones que van más allá de las labores sindicales. “Es una pena que los sindicatos se vendan a todo esto por tener el poder y que les den liberados. Eso es muy triste en este país”, lamentó.
EMPRESAS “LOW COST”
Alcor Seguridad es una de las empresas de seguridad que los sindicatos denominan como “piratas” o “low cost”, al operar fuera del convenio laboral. Al no regirse por el mismo código que la mayoría de la competencia del sector, aprovechando la reforma laboral del PP durante el Gobierno de Mariano Rajoy que permite la creación de un convenio propio fuera del sectorial, Alcor tuvo durante mucho tiempo más margen para bajar los precios que ofrecía a las administraciones públicas. El propio empresario reconoce a Galiciapress que sigue teniendo ese margen para clientes privados.
Los sindicatos se quejan de que los trabajadores de este tipo de empresas perciben un sueldo más bajo y realizan más horas, comparado con los operarios cubiertos por el convenio colectivo, que ya de por sí tiene unas remuneraciones exiguas. UGT estimó que la diferencia de salarios puede andar por encima de los 300 euros mensuales de rebaja .
UN PESO PESADO EN EL SECTOR PÚBLICO
La presión sindical sobre la administraciones contra este tipo de prácticas ha lastrado las opciones de Alcor en algunos concursos. Por ejemplo, en el del Parlamento de Galicia, que tras las protestas de los trabajadores, decidió no otorgar la mayoría de los puntos en función de la oferta económica.
Con todo, la empresa logró decenas de contratas públicas con administraciones de toda índole, procedencia o color político. Así, en los últimos años ganó adjudicaciones con el Ayuntamiento de Mardrid, Consellería de Política Social, Ayuntamiento de Arganda del Rey, Consejería de Empleo de Canarias, INSS en Huelva, IPTSS de A Coruña, Ourense y Pontevedra Ayuntamiento de Úbeda o Principado de Asturias, entre otras muchas.
