Llevan ante Inspección de Trabajo la situación de los vigilantes obligados a estar "bajo la lluvia y el frío"

 "No vamos a permitir que, en pleno siglo XXI, se trate de forma vejatoria a este colectivo, saltándose a la torera, tanto las empresas de seguridad como los clientes que las contratan, la obligación a la que están sujetos en la protección de la seguridad y salud de los trabajadores", advierten desde el sindicato.

La Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT en Vigo ha denunciado ante la Inspección de Trabajo las condiciones "penosas" en las que los vigilantes de seguridad asignados a las áreas COVID-AUTO de hospitales de la ciudad tienen que desarrollar su trabajo.

Según ha denunciado el sindicato, estos trabajadores están en las zonas COVID-AUTO de toma de muestras para PCR de los hospitales Meixoeiro y Álvaro Cunqueiro, pero no pueden permanecer bajo la carpa instalada para proteger a profesionales sanitarios y pacientes.

De este modo, al no permitírseles estar al abrigo de esas carpas, están "expuestos a las inclemencias meteorológicas", "bajo la lluvia y el frío". Esta situación, ha denunciado UGT, contrasta con la petición realizada por el Sergas a la población para que se vacune contra la gripe, o con las advertencias sobre la pérdida de eficacia de las mascarillas cuando se mojan.

El sindicato ha explicado que, tras solicitar en varias ocasiones la instalación de una zona de abrigo para estos vigilantes, la petición no ha tenido éxito y "está bloqueda, parece ser, por la negativa de la propiedad a que se instale una caseta en la zona desde la cual el vigilante podría desempeñar, de forma segura, perfectamente su trabajo".

"No vamos a permitir que, en pleno siglo XXI, se trate de forma vejatoria a este colectivo, saltándose a la torera, tanto las empresas de seguridad como los clientes que las contratan, la obligación a la que están sujetos en la protección de la seguridad y salud de los trabajadores", han advertido desde UGT, que han puesto este hecho en conocimiento de la Inspección de Trabajo, y no descartan iniciar movilizaciones.

Amenaza con un palo al vigilante de seguridad que le pidió que no mendigara en las puertas de un supermercado de Murcia

El juzgado de guardia de Murcia ha dejado en libertad con cargos a una mujer que amenazó con un palo al vigilante de seguridad de un supermercado de esa capital cuando le dijo que no podía ejercer la mendicidad en el interior.

Fuentes del caso han dicho que esta mujer, de 39 años, reaccionó con amenazas e insultos contra el vigilante y cuando este consiguió que saliera a la calle, ella cogió un palo de un contenedor y lo intimidó con él.

La mujer se enfrenta ahora al proceso penal que le ha sido abierto por las amenazas.

Interceptado por los vigilantes de seguridad un hombre que llevaba una catana, tres cuchillos y una pistola simulada

La policia española detuvo el viernes por la mañana en la estación de Sants de Barcelona a un hombre de nacionalidad sueca que se disponía a coger un AVE hacia Francia armado con una catana, tres armas blancas (navajas y cuchillos) y una pistola simulada en su equipaje.

Según avanzó ‘El Caso’ y confirmó la agencia de noticias ACN, el individuo fue interceptado por los vigilantes de seguridad cuando pasaba el escáner de equipajes a las nueve y media de la mañana. A continuación, el hombre fue detenido por un delito de posesión ilícita de armas.

El viajero ha pasado la noche en las dependencias policiales a la espera de pasar este sábado a disposición judicial.

Las administraciones publicas resuelven a la baja adjudicaciones de servicios de seguridad privada

 Al amparo de la crisis sanitaria y económica las administraciones públicas de este país sitúan una contratación de seguridad privada que genera ciertas dudas de cumplimiento de las empresas en materia laboral y de propia calidad de servicios

Desde el Sindicato Federal de Seguridad Privada de FESMCUGT, se ha advertido a distintas administraciones públicas sobre un comportamiento desleal por parte de la administración que ya ocurría con anterioridad a la pandemia y que fruto de la crisis económica se ha visto agravado durante los últimos meses.

Para UGT resulta cuanto menos chocante establecer en los ámbitos políticos redes sociales por el empleo cuando fruto de contratos públicos sometidos a criterios estrictamente económicos se pone en riesgo empleo estable y se reducen los estándares de calidad de los propios servicios contratados desde la administración.

Precisamente en materia de seguridad privada durante los últimos años ha coincidido que las empresas que más han contratado con la administración pública posteriormente han presentado concurso dejando a miles de trabajadoras y trabajadores en el desempleo. Todo ello debido a políticas desleales de dumping sectorial por parte de las empresas y la parálisis de la administración y del propio Gobierno que siguen escondidos ante una situación que utiliza dinero público en contratación de servicios que no cumplen los estándares de calidad pretendidos ni garantizan el empleo y las condiciones laborales de los vigilantes adscritos a empresas de seguridad y que prestan sus servicios en instalaciones públicas.

UGT tanto en los territorios como a nivel nacional ha instado nuevamente tanto a las administraciones como al Gobierno Central a resolver una situación que enquistada en el tiempo no garantiza el verdadero objetivo que merece el ámbito público en materia de contratación que no puede ni debe ser otro que obtener una contratación pública socialmente responsable.

Presente y futuro de la seguridad privada

El modelo español de seguridad privada entorno al de los países de la Unión Europea, tiene casi el mismo crecimiento de la industria en materia de seguridad, pero no todos reaccionaron de la misma manera. Tanto unos como otros optarían por modelos ampliamente regulados como es el caso de España, Bélgica y Francia donde el modus operandi de estos países, está estrictamente delimitado y controlado por las correspondientes Administraciones.

El modelo elegido en nuestro país es de corte conservador donde se intenta controlar y frenar el ascenso y parcheado de la seguridad privada a la pública, esta brecha que se abre entre los enfoques de la seguridad pública y privada ha vivido una serie de regulaciones más estrictas, de hecho los países europeos más rígidos en materia de regulación son España, Bélgica, Hungría, Serbia y Suecia.

La entrada  en vigor de la Ley 5/2014 de Seguridad Privada, sería un avance cualitativo para el sector, con el reconocimiento por su capacidad de servir a la seguridad pública de manera sustancial, constituyendo una actividad complementaria a la seguridad pública, este reconocimiento como apoyo esencial a la gestión de la seguridad ciudadana no es gratuito, ya que está avalado por la gran profesionalización que tiene el sector privado en los últimos años. Su calificación debe ser de ejemplar a los esfuerzos que ha tenido que soportar sobre todo con esta pandemia a nivel mundial.

Esta pandemia ha sido un acelerador de cambios para un sector como este donde una incierta nueva normalidad tendrá que dar paso a cambiar muchos hábitos a los que estábamos acostumbrados los ciudadanos. El trabajo de estos profesionales del sector de la seguridad privada deberá ser fundamental para ir recuperando esa bendita rutina a la que ahora echamos tanto de menos.

No se debe olvidar que este gremio debe enfrentarse también a grandes desafíos como es el de una sociedad más conectada y digitalizada, por lo que la formación de estos profesionales es esencial a la hora de poder lidiar con las nuevas tecnologías, formación que en estos momentos no es ni suficiente ni la más adecuada para poder realizar el trabajo con la máxima destreza. Lo que no debemos obviar es que nos enfrentamos a nuevas amenazas y situaciones, así que es de vital importancia que el borrador del nuevo Reglamento de Seguridad Privada sea una prioridad, ya que dotaría de herramientas que conllevarán más seguridad jurídica y un ordenamiento de las competencias y facultades de las figuras que contempla la Ley de Seguridad Privada así como los requisitos y formación y demás materias de interés.

Otro problema es el sueldo de cerca de 85.000 profesionales de este sector donde con la firma del nuevo convenio hasta finales del año 2021, se les aplica una subida salarial del 1%, lo que supondrá una pérdida del poder adquisitivo del sector del 27% en los últimos 25 años. Esta subida firmada por los sindicatos sectoriales se sitúa por debajo de la negociación colectiva entre los años 2018-2020, dando lugar a una mayor precariedad de la que ya había. Así que si se sigue por estos derroteros, lo único que se conseguirá es que los esfuerzos empleados hasta ahora no sirvan para nada y una vez más el colectivo se sienta vendido y vilipendiado por parte de todos, cayendo en saco roto las esperanzas y despertando miedos a la hora de desempeñar una profesión con más de cien años de historia.

Detenido por agredir a dos vigilantes de seguridad en un hospital

El hombre llegó al centro médico tras haberse autolesionado en el pecho y la emprendió a golpes con todo el que se encontró a su paso

Agentes de la Policía Nacional han detenido en la localidad malagueña de Vélez-Málaga a un hombre de 53 años y nacionalidad española como presunto responsable de un delito de atentado a la autoridad, ya que supuestamente habría agredido a un celador y a dos vigilantes de seguridad de un hospital.

Según han precisado desde la Comisaría provincial, el investigado acudió al centro hospitalario, acompañado por su mujer, para ser asistido de una autolesión en el pecho cuando agredió al celador que lo atendía y, posteriormente, también habría hecho lo mismo con los dos vigilantes que acudieron al lugar para socorrer al trabajador del centro

Los hechos ocurrieron sobre la 01.00 de la madrugada del pasado martes 24 de noviembre. El paciente habría sido trasladado hasta urgencias del centro sanitario por su mujer al haberse autolesionado en el pecho y cuando era asistido por un celador, presuntamente, “propinó a éste un puñetazo en la cabeza que lo dejó aturdido”, ha señalado la Policía Nacional en un comunicado. Inmediatamente, acudieron al lugar dos vigilantes de seguridad del hospital que también resultaron lesionados por el paciente.

Los tres tuvieron que recibir asistencia médica en el centro y el paciente fue detenido como presunto autor de un delito atentado e ingresado en dependencias hospitalarias con custodia policial.

Desde la Policía Nacional han recordado que dentro del marco de aplicación de la Instrucción 3/2017 de la Secretaría de Estado de Seguridad celebran charlas para profesionales sanitarios con el objetivo de informar de los pasos a seguir en caso de sufrir alguna agresión, así como de trasmitir acciones dirigidas a evitar y reducir los atentados al personal sanitario.

En estas charlas, además de indicarles estas pautas, se recalca la necesidad de colaboración entre ambas instituciones para no permitir que los autores de este tipo de hechos permanezcan impunes, insistiendo en la importancia de formular denuncia por cualquier tipo de agresión de la que sean víctimas, con el fin de poder iniciar el correspondiente procedimiento judicial.

La seguridad privada de 42 aeropuertos, adjudicada por 300 M €

 El Consejo de Administración de Aena ha aprobado la adjudicación de los servicios de seguridad para los 42 aeropuertos españoles de su red, agrupados en lotes, por un importe que roza los 300,5 millones de euros. Para los 22 aeropuertos con mayor tráfico de pasajeros se asignan cerca de 289 millones de euros, mientras que los más de 14,5 millones de euros restantes corresponden a 20 aeropuertos con un tráfico inferior a 400.000 viajeros. El periodo de adjudicación de los contratos es de dos años, prorrogable por otro año más.

En este importe no se incluyen los servicios de seguridad en los aeropuertos de Alicante, Almería, Ibiza, Menorca y Palma de Mallorca, así como la inspección de pasajeros en Barcelona-El Prat, sobre los que el gestor aeroportuario ha alcanzado un acuerdo de prórroga con Trablisa, la actual adjudicataria.

Los servicios de seguridad del Aeropuerto de Madrid-Barajas, debido a su tamaño y tráfico fueron distribuidos en cuatro lotes para cuatro empresas, así como los de Barcelona-El Prat en dos lotes para sendas empresas. En cuanto al resto de aeropuertos con un tráfico superior a 400.000 pasajeros, están agrupados en lotes en función de su localización geográfica.

Nuevos contratos

Precisamente Trablisa se ha llevado la mayor parte de los contratos en concurso (inspección de pasajeros de Madrid Barajas, los aeropuertos canarios mayores, Bilbao, Asturias, Santander, Santiago, La Coruña, Vigo, Sevilla y Jerez) y el lote de los aeropuertos de menor tráfico (Algeciras, Albacete, Badajoz, Burgos, Ceuta, Córdoba, El Hierro, Huesca-Pirineos, La Gomera, León, Logroño-Agoncillo, Madrid-Cuatro Vientos, Melilla, Pamplona, Sabadell, Salamanca, San Sebastián, Son Bonet, Valladolid y Vitoria).

Le sigue ISEC (inspección equipajes bodega y rondas de Madrid-Barajas), ICTS (Centro de Gestión Aeroportuaria de Madrid-Barajas) y Segurisa (fast track de Madrid-Barajas). Ilunion (inspección equipajes bodega y rondas de Barcelona-El Prat) y Sureste (Valencia, Girona, Reus, Zaragoza, Málaga y Granada-Jaén).

Incluida la COVID-19

Los pliegos de licitación de los servicios de seguridad recogen los costes normativos y regulatorios de obligado cumplimiento. También se ha incluido una partida de inversión para apoyar los proyectos de transición tecnológica y otra para cubrir las acciones vinculadas a la COVID-19, incluyendo formación, medidas higiénicas y medidas de control contempladas en los protocolos de seguridad sanitaria implantados por la pandemia.

La contratación de estos servicios se dividió en dos procesos de licitación. Uno para los servicios de seguridad privada de los 22 aeropuertos de mayor tráfico, adjudicados a varias empresas por lotes en función de su localización geográfica, y otro para los 20 aeropuertos con un tráfico inferior a 400.000 pasajeros, adjudicado ala misma empresa.

Como aspectos clave, los pliegos de prescripciones técnicas han incluido diferentes servicios y procesos aeroportuarios de manera de equilibrar seguridad y comodidad de los usuarios, en línea con los requisitos de calidad exigidos en el Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA).

Ariete, la firma de una exedil del PP, suma el hospital de pandemias a los 9 que vigila en Madrid y que le han reportado 5 millones en dos años

 En el último lustro, la empresa se ha hecho con más de ocho decenas de contratos por valor de 13,1 millones de euros: 5,82 millones en solitario y otros 7,35 millones formando parte de una unión temporal de empresas

Silvia Cruz, que figura como administradora única de la sociedad, fue concejal del PP en el Ayuntamiento de Alcorcón entre 2011 y 2017, momento en el que abandonó el cargo cuando ocupaba el puesto de primera teniente de alcalde

 

A pocos días de que esté previsto que comience a recibir pacientes el Hospital Enfermera Isabel Zendal, la Comunidad de Madrid empieza a despejar algunas incógnitas relacionadas con el funcionamiento del centro de pandemias. Con el esquema para la dotación de personal sanitario diseñado, el Ejecutivo ha iniciado ya los procedimientos para la adjudicación de servicios adicionales vinculados a la nueva joya de la corona del Gobierno regional. Por el momento, se ha cerrado el contrato para la vigilancia y seguridad del hospital. La firma agraciada ha sido Ariete Seguridad, una compañía que tiene como administradora única a la exconcejal del PP en el Ayuntamiento de Alcorcón Silvia Cruz. No es la primera vez que esta empresa se hará cargo de un servicio similar en la comunidad. De hecho, en la actualidad la vigilancia de hasta nueve hospitales de la red del Servicio Madrileño de Salud está en manos de esta sociedad, que desde hace un lustro ha suscrito contratos con el Ejecutivo madrileño por valor de 13,18 millones de euros –5,82 millones en solitario y otros 7,35 millones formando parte de una unión temporal de empresas.

 

Tras varios meses de intenso trabajo, el Ejecutivo regional anunció a finales de octubre que la estructura del Enfermera Isabel Zendal estaba casi lista. Con la fase de la construcción prácticamente completada, la Consejería de Sanidad se reunió entonces con los sindicatos para explicarles cuál sería el procedimiento para la dotación de profesionales. En uno de esos encuentros, el Ejecutivo regional explicó que los servicios de mantenimiento, limpieza, alimentación, lavandería, recogida de residuos y seguridad serían adjudicados a empresas privadas. Por aquel entonces, todavía no se sabía qué firmas se harían con los jugosos contratos. Sin embargo, en los pasillos de la Asamblea de Madrid algunos diputados de la oposición ya hacían sus quinielas. “¡Verás cómo la vigilancia va a parar a la empresa de la exconcejal del PP en Alcorcón!”, decía en privado a comienzos de noviembre una diputada socialista. No falló. Ariete Seguridad, según adelantó este lunes la Cadena Ser, se encargará de este servicio durante, al menos, los próximos seis meses. Lo hará con un equipo de diez personas y cobrará por ello 808.198 euros, según consta en la licitación.
La parlamentaria socialista jugaba con bastantes papeletas a su favor a la hora de poner sobre la mesa su pronóstico. Principalmente, por la intensa relación que la firma ha mantenido con el Ejecutivo madrileño a base de adjudicaciones. Según consta en el Portal de la Contratación de la Comunidad de Madrid, Ariete Seguridad se ha hecho durante los últimos cinco años con 82 licitaciones –78 de ellas de la Consejería de Sanidad, 2 de Políticas Sociales y 2 de Economía– por valor de 13,18 millones de euros. Las más jugosas han sido las relativas a la vigilancia y seguridad de varios hospitales de la red del Sermas. En total, se ha hecho en este periodo con catorce de este tipo, incluyendo la del Isabel Zendal, lo que le ha permitido embolsarse 5,41 millones de euros. En concreto, además del centro de pandemias, se encarga en la actualidad de este servicio en el Hospital Virgen de la Torre, Hospital Santa Cristina, Hospital Clínico San Carlos, Hospital Universitario de Móstoles, Hospital La Princesa, Hospital Virgen de la Poveda, Hospital Ramón y Cajal, Hospital Central de la Cruz Roja y la antigua clínica Puerta de Hierro, el edificio que quedó abandonado una vez que se trasladó el centro a Majadahonda.

 Además de en estos nueve centros, Ariete se hace cargo también de la seguridad y vigilancia en el Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid, la institución que junto con la Unidad Central de Radiodiagnóstico se encarga de dar apoyo a la red hospitalaria. En este caso, la empresa logró el contrato el pasado 24 de junio por 57.686 euros. Fue la única oferta que se presentó. En principio, era para un plazo de tres meses, hasta después del verano. Sin embargo, una vez cumplido el periodo, la Consejería de Sanidad decidió prorrogar el encargo por un tiempo similar. En total, la firma se ha embolsado hasta el momento por este servicio durante medio año 115.373,50 euros.

         Ariete Seguridad se ha hecho con la vigilancia del Zendal por la vía de emergencia. Es decir, sin concurso público. No es la primera vez durante la crisis sanitaria que se lleva una licitación por este mismo procedimiento. Además del relativo al hospital de pandemias, se le han adjudicado otros nueve contratos de este modo por servicios extraordinarios de seguridad en días concretos, ya fuese para controlar accesos en determinadas zonas en las que se iban a realizar pruebas “de Autocovid” o para realizar labores de vigilancia durante las labores de limpieza y desinfección llevadas a cabo durante la primera ola de la pandemia. En total, ingresaron con todas estas adjudicaciones 61.599 euros. A estas nueve licitaciones a dedo, además, se suman otras 57 conseguidas sin competencia en los tres últimos años por valor de 239.059 euros. En este caso, la vía elegida por el Ejecutivo regional fue la de los contratos menores. Y dentro de este grupo hay, por lo menos, un par relativos a “servicios extraordinarios de vigilancia” –no se ofrecen más detalles– durante la actual crisis sanitaria.

 Pero el contrato más importante de la Comunidad de Madrid con el que se hizo esta firma durante los últimos años data de abril de 2017. En concreto, es el relativo a la vigilancia y la seguridad de los cientos de Centros Sanitarios de Atención Primaria que se distribuyen por toda la geografía madrileña, adjudicado por 5,49 millones de euros. En esta ocasión, Ariete no se quedó con todo el pastel por el que se presentaron hasta ocho ofertas diferentes. Al concurso público acudió a través de una Unión Temporal de Empresas (UTE) con otras tres firmas más –Aime Seguridad, Premium Central Receptora de Alarmas y Centro Europeo de Formación y Reciclaje–. A día de hoy, son estas cuatro compañías las que se siguen haciendo cargo del servicio. El primer contrato era para un plazo de tres años, prorrogable por el mismo periodo de tiempo. Con el primer tramo a punto de cumplir, la Consejería de Sanidad decidió acordar a finales del pasado mes de mayo una prórroga por otros 12 meses más. Por este año extra, la adjudicataria se embolsará otros 1,86 millones de euros más, por lo que el montante total asciende ya a 7,35 millones de euros.

            “Sanidad pública como plataforma de chanchullos”

Constituida en diciembre de 1995, Ariete Seguridad es una empresa familiar que cuenta desde septiembre de 2017 con Silvia Cruz como administradora única. Sin embargo, su presencia en la firma es mucho anterior. Ocupó el puesto de directora general entre 1999 y mayo de 2011, cuando decidió dar el salto a la política. En las municipales de aquel año, formó parte de la candidatura del PP para el Ayuntamiento de Alcorcón. Salió elegida concejala, un cargo que revalidó nuevamente en la siguiente cita con las urnas. Durante su segunda legislatura en el consistorio madrileño, ocupó el puesto de primera teniente de alcalde, es decir, mano derecha del entonces regidor David Pérez, y responsable de las áreas de Economía, Empleo, Comercio y Mayores. Sin embargo, Cruz no terminó este segundo mandato. Se quedó a la mitad. En julio de 2017, envió una carta al alcalde presentando su dimisión por “motivos personales”. Dos meses después, volvió a la compañía familiar como administradora única. Lo hizo en un momento delicado. Durante ese ejercicio, la facturación se llegó a desplomar un 60%. Al año siguiente, en 2018, entraron en rojos. Una situación que lograron revertir en 2019.

             La decisión de adjudicar el servicio en el hospital de pandemias a esta empresa de seguridad ha sido duramente criticada por la oposición. “Lo que estamos viendo con el hospital de pandemias no es solo un plató de televisión obsceno de la señora Ayuso, sino que también es un reality show en directo de cómo se utiliza un bien tan preciado y tan necesario como pueda ser la sanidad pública como plataforma de chanchullos y de reparto de contratos a dedo a empresas amigas”, ha señalado en un vídeo en su cuenta de Twitter la portavoz de Más Madrid en la Cámara regional, Mónica García. Desde la compañía, sin embargo, se defienden. En declaraciones a la Cadena Ser, el padre de la exconcejala y fundador y uno de los accionistas mayoritarios de la firma, Emilio Cruz, se ha preguntado si ya no van a poder tener empresas porque su hija estuviera en la política y ha recordado que cada vez que se hacen con un concurso los llevan “al matadero”. “Hay dos empresas [del sector de la seguridad privada] que trabajamos con la Consejería, a una de las dos nos tenía que tocar”, ha dicho a la emisora.

Con este nuevo contrato de servicios, el precio del hospital de pandemias se incrementa de nuevo casi un millón más. Y eso que todavía quedan por adjudicar la limpieza, alimentación, lavandería o recogida de residuos. Por el momento, la factura sólo por levantar la estructura asciende ya a 100 millones de euros. Casi el doble de lo que se presupuestó en un primer momento. Estos sobrecostes son fruto, según la Consejería de Sanidad, de las “mejoras” incorporadas –aumento de la superficie construida o el aumento de la altura del Centro Logístico Sanitario para su robotización, entre otras–.

La seguridad privada apoyará a la Policía Local

El Ayuntamiento de Castro del Río ha firmado un contrato con la empresa de seguridad privada Pullman Security para contar con un refuerzo para la Policía Local cada vez que se necesite, dado que este servicio se ha visto muy afectado por la pandemia, teniendo en cuenta que la plantilla ya estaba «mermada de antes».

Así lo ha explicado la concejala de Seguridad del Ayuntamiento de Castro del Río, Ana Rosa Ruz, que ha confirmado que la Subdelación del Gobierno le ha dado el visto bueno, al menos durante el estado de alarma, siendo de momento el único municipio de la provincia que ha tenido que llegar a esta situación.

Ruz señaló que en este mes de noviembre «hemos tenido de baja a toda la plantilla de la Policía Local diez días» por coronavirus, y en estos momentos, de 13 agentes solo hay 7 trabajando, uno de ellos con covid. La seguridad privada ayudará a patrullar.

UGT rechaza los despidos de vigilantes de seguridad de AENA

FeSMC UGT rechaza los despidos de vigilantes de seguridad de AENA por la reducción del servicio por parte del director del Aeropuerto de Almería.

La Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT Almería ha censurado a AENA y a la Dirección del Centro en la persona Ignacio Tejero Rioseras ya que el recorte de Vigilancia de Seguridad Privada supone la supresión de media plantilla actual. Desde Aena  manifiestan que la operadora no ha realizado ningún recorte ya que la empresa de seguridad ajusta la plantilla según sus necesidades.

Este mes el Consejo de Ministros ha aprobado la remisión a las Cortes del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2021, que incorporan un primer tramo de los fondos de recuperación procedentes de la Unión Europea. Siendo el de mayor gasto social de la historia.

Jose Jiménez Montoya, Secretario General del Sector de Seguridad y Limpieza de FeSMC UGT Almería ha criticado que en pleno debate social del mantenimiento del empleo, el Aeropuerto de Almería reduzca la contratación de los servicios de Seguridad Privada, garantes del cumplimiento de las medidas de protección y seguridad en el transporte público ante el Covid-19, poniendo en riesgo la salud de los usuarios de este medio de transporte y su seguridad.

FeSMC UGT Almería ha querido señalar ante esta situación, que la UGT rechaza rotundamente esta reducción que supondrá despidos llevados a cabo en el Aeropuerto de Almería, y ha instado a la empresa AENA a que paralice este recorte de personal de Seguridad.

Un hombre le parte un brazo a un vigilante de seguridad en Córdoba por decirle que se pusiera la mascarilla

Un vigilante de seguridad de la estación de autobuses de Córdoba ha resultado herido tras ser agredido por un usuario que le atacó después de que el agente le instase a ponerse la mascarilla y a no fumar en las inmediaciones del edificio. La víctima se encuentra de baja, con un brazo fracturado a consecuencia del ataque.

Según denuncia la Federación de Trabajadores de Seguridad Privada de la Unión Sindical Obrera de Andalucía (FTSP-USO Andalucía), loshechos tuvieron lugar el pasado viernes, 20 de noviembre, sobre las 0.30 horas. «Esa noche, un usuario que se encontraba en los andenes fumando y sin mascarilla. Entonces, el agente de seguridad de servicio en ese momento en la estación se dirigió al individuo y le indicó la obligatoriedad del uso de la mascarilla, así como la prohibición expresa de fumar en las instalaciones», informa FTSP-USO.

Fue entonces cuando este hombre, «sin mediar palabra, se dirigó al vigilante de Seguridad de malos modos al grito de “¡tú no eres nadie para obligarme a ponérmela!”», relata la federación sindical.

Es en ese momento, el agente extendió el brazo y el usuario comenzó a agredirlo hasta que se lo partió. En ese momento, la víctima se encontraba sola, sin ningún apoyo».

FTSP-USO afirma que ya ha denunciado en varias ocasiones «el abandono» que sufren los empleados de seguridad de la estación de autobuses de Córdoba, no habiendo recibido respuesta alguna de los responsables, «ni siquiera por parte de la Junta de Andalucía».

Segçun la organización, el pasado 4 de noviembre el responsable en Córdoba de la FTSP-USO Andalucía, mantuvo una reunión con la titular del área Fomento, Infraestructuras y Ordenación del territorio de la Junta de Andalucía, Cristina Casanueva, de quien depende la estación de autobuses. «En esta ocasión, se comprometió a gestionar para que se aplique el pliego de condiciones técnicas donde se establece la obligación de disponer de 3 vigilantes de seguridad, auxiliares de mantenimiento, además de un punto de información con empleados de servicios auxiliares».

Actualmente, los empleados de mantenimiento, el punto de información y varios vigilantes de seguridad se encuentran en situación de ERTE con la estación funcionando al 70% de su capacidad. La estación solo dispone en este momento de un solo agente, informa el sindicato.

«Igualmente, denunciamos que el parking se encuentra condiciones muy precarias, sin iluminación y las barreras de acceso averiadas, cualquier persona o vehículo pueden acceder a las instalaciones sin el control debido, poniendo en peligro la propia seguridad de la estación, y por tanto de los viajeros que día tras día transitan por ella para hacer uso del transporte público», concluye FTSP-USO.

Recuperado en Pamplona un revólver que habían robado a un vigilante de seguridad

La sustracción se produjo en una localidad de Guipúzcoa y el hecho había sido denunciado en la Comunidad Autónoma País Vasco

La Policía Nacional ha recuperado en Pamplona un revólver que había sido sustraído en Gipuzkoa del interior del vehículo de un vigilante de seguridad.

Los hechos fueron denunciados en el País Vasco y después de algunas investigaciones se supo que el arma, modelo Llama Comanche II, calibre del 38, podía hallarse en Navarra en manos de una persona con graves problemas psíquicos, por lo que recuperarla se convirtió en "máxima prioridad", dice la Jefatura Superior.

El dispositivo montado con esta finalidad logró dar con la citada persona, quien declaró que el revólver se lo había entregado a un amigo.

Localizado también éste, la Policía ha podido recuperar finalmente el arma sustraída, que ha quedado depositada en sus dependencias.

Un vigilante de seguridad rescata a un invidente desorientado que acabó caminando por la autovía en Málaga

 «Nada más escuchaba el ruido de los coches pasando a mi lado, pero sólo él se paró a ayudarme», relata el afectado

Eran las seis y pico de la mañana de un día más en la vida de Juan Angel Burgos (53 años, Cruz de Humilladero, Málaga). No puede ver, pero conoce su barrio y sus calles como si fuesen las habitaciones de su casa. Ese 31 de octubre salió temprano para comprar el pan y a la vuelta decidió dar un rodeo porque hacía buena temperatura. «No me preguntes cómo, pero empecé a escuchar el sonido de los coches pasando por mi lado a toda velocidad, hacían 'piuf', por la derecha, por la izquierda». Se había colado en la autovía, a la altura del Palacio de Ferias y Congresos. El paseo pudo acabar «muy mal», pero entre todos los conductores hubo uno que decidió jugarse el tipo para ponerlo a salvo. Era Ricardo Gómez, un vigilante de seguridad privada que volvía a casa. «Me salvó la vida, así, tal cual».

Juan recuerda que nadie pitaba, solo sonaban las estelas de los coches pasando «muy cerca». «Tengo el oído muy fino, me di cuenta de que estaba donde no debía». Ayudado por su bastón consiguió colocarse en un lateral de la carretera –que identificó al palpar los quitamiedos– y comenzó a levantar los brazos por si alguien podía ayudarle. Y entonces escuchó su voz entre el tráfico. «Alguien empezó a gritar, lo oía perfectamente, estaba delante de mí, a bastantes metros». Era el vigilante, que pese a que se detuvo una vez identificó la situación, se había separado unos 200 metros del invidente.

Guiado por la voz de Ricardo, Juan consiguió detenerse en un lugar seguro hasta que ambos se reunieron. «Me dijo que estaba en la autovía en dirección Torremolinos y yo me quedé muy sorprendido, yo quería volver a casa». El vigilante llamó a la Guardia Civil de Tráfico, se identificó y pidió ayuda urgente. Estaban en mitad de la autovía y cualquier movimiento podía ser fatal.

Los agentes llegaron al poco tiempo y se hicieron cargo de la situación. Decidieron llamar a una ambulancia porque, «sin darme cuenta», Juan se había dado varios golpes en la rodilla. «Ni siquiera sé contra qué», relata, pero la cuestión es que cojeaba y le dolía «bastante», sobretodo cuando consiguió relajarse y sintió que el peligro había pasado.

Los guardias civiles relevaron a Ricardo, que regresó a su domicilio. «Los guardias fueron muy buena gente conmigo, su turno estaba a punto de terminar pero se quedaron a mi lado hasta que llegó la ambulancia, yo creo que nos hicimos amigos», bromea. Recuerda que fueron «amables», que le gastaron bromas para relajarse y que se despidieron con una sonrisa. «Quedamos en que le iba a poner un GPS al bastón».

A los pocos días, Ricardo hizo por contactar con Juan. Quedaron y se dieron la mano. Ricardo prefiere evitar el protagonismo en esta historia. Solo pide que su caso sirva para reflejar el valor de sus compañeros de profesión: «Los vigilantes de seguridad podemos hacer, y hacemos, mucho por la sociedad».

Detenido en Bilbao por agredir a un vigilante de seguridad que le sorprendió intentado robar en un comercio

Un varón de 47 años de edad fue detenido este pasado martes en Bilbao tras agredir a un vigilante de seguridad que le sorprendió intentado robar en establecimiento comercial, según ha informado el Departamento vasco de Seguridad.

Pasadas las once de la mañana de ayer, fue requerida presencia policial en un establecimiento comercial ubicado en el centro de la capital vizcaína, porque, según señalaron, el personal de seguridad tenía retenido a un individuo al que habían sorprendido intentando robar instantes antes. 

Al parecer, se habían percatado de que el sujeto trataba de abandonar el comercio con mercancía cuyo importe no había abonado, y al disponerse a interceptar su marcha, el presunto ladrón había propinado un fuerte empujón a un vigilante haciendo que cayera al suelo y resultara lesionado. 

Una patrulla de seguridad ciudadana que realizaba labores de vigilancia por la zona se aproximó al lugar y procedió a identificar al sospechoso. Tras confirmar lo ocurrido, el varón fue detenido acusado de un delito de robo con violencia.

El arrestado, que cuenta con numerosos antecedentes policiales, fue trasladado a dependencias de la Ertzaintza para llevar a cabo los oportunos trámites y luego ser presentado ante la autoridad judicial.

Vigilantes de seguridad custodiarán a los migrantes llegados en patera en hoteles de Palma

 Los inmigrantes llegados en patera y que sean alojados en hoteles de Palma serán custodiados por personal de seguridad privada. Todo ello, supervisado por agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. 

Desde hace meses, Policía Nacional y Guardia Civil se habían quejado de la gran cantidad de recursos personales que debían destinar a la vigilancia de migrantes. Por ese motivo, la Delegación del Gobierno ha autorizado que sean vigilantes de seguridad quienes realicen esta labor junto a policías y guardias civiles.

Inés Ybarra, directora de la academia Ideas y vicepresidenta de la Asociación de Vigilantes de Baleares, nos explica estas y otras novedades del sector.