El sindicato lamenta la “absoluta pasividad y parsimonia de los responsables de seguridad privada en nuestra ciudad” ante los continuos casos de “intrusismo laboral y competencia desleal” que el Gobierno de la Ciudad lleva a cabo a través de Amgevicesa, una empresa municipal que, según recuerda, fue creada para la “gestión de aparcamientos públicos”

El sindicalista recuerda además que las empresas de seguridad privada tienen habilitadas legalmente por los ministerios de Interior y de Trabajo, el poder realizar tomas de temperatura a las personas en accesos a instalaciones. Así, Acedo critica que estas tareas se hayan encomendado a la empresa municipal durante el verano en las playas de la Ciudad y ahora en los centros educativos. “Si quieren hacer labores de seguridad privada que se constituyan como una empresa de seguridad privada y compita con el resto en igualdad de condiciones” apunta.
Desde UGT aseguran que ante la falta de respuesta por parte de la Jefatura de Superior de Policía a las denuncias realizadas por el sindicato para que se vele por el cumplimiento de la Ley de Seguridad Privada, no le ha quedado más remedio que trasladar el asunto a la Sede Central de la Policía Nacional en Madrid.
El Hospital Militar
Acedo afirma que con la cesión a la Ciudad Autónoma de las instalaciones del antiguo Hospital Militar se han destruido alrededor de veinte puestos de trabajo correspondientes a empleados de seguridad privada que han sido sustituidos ahora por el personal de Amgevicesa y señala que el Ejecutivo local se escuda en que “no tiene por qué subrogar a ese personal porque no son una empresa de seguridad privada, sin embargo, sí realiza funciones que son propias de la seguridad privada como el control de accesos o el control de cámaras de seguridad”.
La situación que denuncian desde la UGT no solo atañe al Hospital Militar, sino que se extiende a las instalaciones del Mercado Central, las Murallas Reales, el Parque San Amaro o el cementerio de Santa Catalina.
Por último, Acedo ha lamentado la falta de apoyos de los partidos de la oposición y entidades como la Confederación de Empresarios ante lo que él considera como un incumplimiento constante de la Ley de Seguridad Privada que, además, redunda en continuos casos de “intrusismo laboral y competencia desleal” realizados desde la Administración local.
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