lunes, 28 de septiembre de 2020

PIDEN 73 AÑOS DE CÁRCEL PARA MIGUEL ÁNGEL RAMÍREZ

 

Junto a una multa de 60 millones de euros que podría llevar al embargo de sus acciones de la UD Las Palmas



El diario de ámbito estatal El País se hacía eco de la petición de 73 años de cárcel efectuada por la Agencia Tributaria y la Seguridad Social para el empresario grancanario Miguel Ángel Ramírez.

Los presuntos delitos por los que se solicita esta importante pena para el también presidente de la Unión Deportiva Las Palmas no son en absoluto novedosos.

 A Ramírez se le acusa de haber cometido un fraude a las arcas públicas de más de 20 millones de euros a través de su antigua empresa Seguridad Integral Canaria.

 Según la del Estado, cometió cinco delitos contra Hacienda y nueve contra la Seguridad Social, según la Abogacía del Estado. Su presunta treta radicaba en camuflar sobresueldos y horas extras de su plantilla, que llegó a sumar 7.000 empleados, como dietas y desplazamientos, conceptos exentos de tributar. Con este mecanismo, este empresario de 51 años defraudó supuestamente entre 2009 y 2013 un total de 6,5 millones a Hacienda y 13,7 a la Seguridad Social.

El que fuera administrador único del emporio de seguridad, Héctor de Armas -igualmente imputado- reconoció en 2019 que la triquiñuela de las dietas servía para eludir el IRPF y las cotizaciones. Una tesis que también defendieron los vigilantes de Seguridad Integral Canaria que han desfilado, desde 2014, como testigos ante el juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria, instructor de la causa contra Ramírez.

 

    Junto a la pena de prisión Hacienda y la Seguridad Social solicitan también para Ramírez una multa de 60 millones y que se le cierre la puerta a recibir subvenciones y beneficios fiscales.

 

    Se trata, de presuntos delitos que han sido denunciados desde hace años por sindicatos como FTSP-USO o IC. Sin embargo, el hecho de que Ramírez se encuentre imputado por ellos, así como sus continuos incumplimientos en el pago de las nóminas a sus trabajadores, no ha impedido que las administraciones públicas de ámbito local, Archipiélago rico y estatal continuaran concediéndole toda suerte de contratos.


CON LA UNIÓN DEPORTIVA LAS PALMAS COMO ESCUDO

 

    Y es que,  hasta la fecha, las estupendas relaciones del polémico empresario con políticos de todos los signos del arco parlamentario no parecen haberse visto afectadas por unas presuntas prácticas ilícitas e inmorales de conocimiento público.

 

   Ramírez ha sabido utilizar inteligentemente las posibilidades que le ofrece la presidencia de la Unión Deportiva Las Palmas. Ahora, según se filtraba a la prensa el pasado miércoles, la Agencia Tributaria podría pedir el embargo de las acciones de Ramírez en este club de fútbol, en el caso de que este no disponga de liquidez para hacer frente a la multa de 60.000.000 €.

 

   En este caso, cabría la posibilidad de que se solicitara el embargo de todos sus bienes, incluidas las acciones de Sport Trade Capital, entidad que posee el 52% de las acciones de la UD Las Palmas.

 

PERO, ¿DE VERDAD IR A LA CÁRCEL?

 

   En el curso de las últimas horas, algunos medios de comunicación han llegado a afirmar que "Ramírez podría encontrarse a un paso de ingresar en prisión".

 

   Pero, aunque el ingreso cautelar en la cárcel no es descartable en los casos en que se solicita penas de tantos años como las que pide la acusación, la capacidad demostrada a lo largo de estos años por el rey de la seguridad low cost para actuar con total impunidad obliga a preguntarse, seriamente, si realmente será posible presenciar algún día el ingreso en prisión de Miguel Ángel Ramírez.

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