Las lesiones sufridas por vigilantes de seguridad durante los disturbios en el CETI de Melilla pone nuevamente de manifiesto la falta de compromiso del Gobierno con el sector de seguridad privada en nuestro país


Los pliegos de condiciones donde se recogen las bases para la adjudicación a empresas de seguridad de este tipo de centros dependen directamente del Ministerio de Empleo. En líneas generales se debería primar en estas adjudicaciones la calidad de los servicios a realizar por las empresas durante la ejecución de los contratos así como garantizar las condiciones laborales y de prevención de los vigilantes asignados a los mencionados centros. Desde el Sindicato Federal de Seguridad Privada de FESMC UGT se ha venido solicitando en el ámbito estatal que la contratación pública de los servicios de seguridad privada en general y el de los CETI en especial incorporen elementos que obliguen a las empresas a someter a vacunación obligatoria a la totalidad de las plantillas, por otro lado que se obligue en el propio pliego de condiciones a las empresas a incorporar elementos de autoprotección suficiente a los efectivos de seguridad privada que prestan sus servicios en las instalaciones todo ello unido a una formación permanente para el personal retribuida y obligatoria durante la ejecución del contrato. El Gobierno sigue haciendo oídos sordos a este tipo de peticiones donde además el conjunto de administraciones sigue licitando sus respectivos concursos a bajo precio y contribuyendo con ello a la precarización laboral de un sector cada vez más necesario para la sociedad.
En recientes fechas el Gobierno de Melilla ha iniciado un proceso de adjudicación para el servicio más importante dispuesto en la comunidad autónoma donde prácticamente se prima para su adjudicación la oferta más barata que normalmente suele significar la más lesiva para garantizar las condiciones laborales de los vigilantes que deban realizar este tipo de prestaciones.
UGT una vez más ha puesto en conocimiento tanto del propio Gobierno de Melilla como de responsables de Empleo a nivel estatal en lo relacionado con los CETI una situación que preocupa al conjunto del sector y que debe necesariamente modificarse con urgencia.
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